EXIGIMOS ESPACIOS SEGUROS PARA LAS MUJERES EN BOLIVIA
Fundación La Paz para el Desarrollo y la Participación (FUDEP) de adhiere al pronunciamiento conjunto de la sociedad civil y exhorta al nuestras autoridades garantizar los derechos de humanos de las mujeres.
“LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS, LA SANCIÓN A LOS AGRESORES Y
LA REPARACIÓN INTEGRAL NO PUEDEN ESPERAR UNA REFORMA»
Organizaciones que defienden los derechos humanos de las mujeres,
colectivos feministas y activistas, nos pronunciamos exigiendo al Estado
boliviano, y, a todas sus instancias, cumplir con el deber de garantizar a las
mujeres una vida libre de violencia.
La última semana, a través de los medios de comunicación, se ha conocido la
aprehensión de R.C.F. persona condenada por el asesinato de una mujer en
2013, quien desde el 2019, se benefició con detención domiciliaria temporal y
sin custodios, para un supuesto tratamiento médico por una enfermedad
incurable que al parecer dista mucho de la situación de enfermedad terminal
prevista en la Ley 2298, debiendo estar sujeto al cumplimiento de ciertas
condiciones de control y retornar a la cárcel 18 meses después, sin que al no
hacerlo, las autoridades hayan procedido a su captura al tratarse de un
prófugo. Durante ese tiempo R.C.F habría contactado y cometido los delitos
de extorsión y violación a 77 víctimas, y el feminicidio de dos menores de
edad, cuyos cuerpos fueron encontrados en su domicilio dentro de una fosa
común.
Ante estos hechos tan dramáticos, manifestamos nuestra indignación por las
omisiones sistemáticas que se produjeron en el actuar del Órgano Judicial,
Ministerio Público y Policía Boliviana, desde el momento de la imposición de
la medida, que no consideró la opinión de las víctimas y tampoco se ajustó a
las medidas de prevención requeridas para una persona condenada por este
tipo de delitos violentos. Asimismo, la existencia de imputaciones por otros
delitos, constituye una evidencia de la negligencia en el control que debía de
existir desde el juzgado al cumplimiento de las condiciones impuestas, ya que
dicha medida no fue revocada y excedió el plazo de 18 meses, lo que fue
facilitado al «extraviar» el expediente. Finalmente, debe condenarse la omisión
del deber de atención prioritaria a los casos de menores desaparecidas, donde
las autoridades no actuaron de manera oportuna por argumentos que tienen
un trasfondo de género, al suponer que las mismas, habían fugado de sus
hogares con sus novios o promovido “auto secuestros”[1], perdiendo tiempo
valioso para encontrarlas con vida, y, permitiendo a través de estas
cuestionables decisiones, que este agresor cometa otros ilícitos contra niñas
y adolescentes.
Las cifras oficiales de hechos de violencia, son la evidencia de que Bolivia
cada vez es un país más peligroso para las mujeres, considerando que en 2021
la Fiscalía General del Estado registró a nivel nacional 45.174 denuncias por
delitos vinculados a la Ley N° 348, ello representa un promedio de 123 casos
por día, así como un total de 107 feminicidios en la misma gestión, lo que
significa que cada tres días muere una mujer por causas relacionadas a la
violencia machista. La mayoría de estos casos espera una condena.
Hacemos un firme llamado de atención a las autoridades del Estado, porque
el evidente incremento de la violencia machista y la impunidad emergente de
las falencias estructurales en las instancias llamadas a intervenir no puede
continuar, ya que las mujeres tenemos el derecho a vivir libres de violencia y
obtener respuestas oportunas y eficientes de nuestras autoridades. En este
contexto, las instituciones y activistas firmantes:
EXIGIMOS al Estado cumplir con los compromisos de fortalecer y ampliar la
cobertura de los servicios de atención, investigación, sanción y reparación de los
hechos de violencia y la instauración de juzgados especializados y exclusivos en
materia de violencia, considerando que, en casi nueve (9) años de la promulgación
de la ley N° 348, sólo se han instaurado 27 en todo el país.
EXHORTAMOS al Órgano Judicial, Ministerio Público, Policía Boliviana, asumir
medidas de protección para las víctimas y sus familias en los procesos penales
vinculados a la Ley N° 348, considerando que ni la mora procesal, ni las dificultades
materiales, excluyen a las autoridades de asumir acciones para aliviar la situación
de las personas en proceso de buscar justicia y su deber de realizar la búsqueda de
mujeres desaparecidas en un contexto de violencia como el que vive nuestro país.
SOLICITAMOS a estas instancias que, en la adopción de medidas cautelares y la
cesación de las mismas, en casos de violencia en razón de género, se adopte una
perspectiva de género, analizando los riesgos para las víctimas y, en general para
las mujeres, considerando el perfil psicológico del agresor, su conducta anterior y
posterior a la comisión del delito, conforme a los criterios señalados en la
jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 394/2018-S2.
PEDIMOS a las autoridades del Consejo de la Magistratura y Ministerio Público
conformar una comisión especial para desarrollar auditorías jurídicas imparciales
no sólo de este caso sino de otros similares que se han venido denunciando, con el
fin de auditar las actuaciones judiciales y de la fiscalía a fin de proseguir con las
acciones legales en contra de todos los responsables hasta la determinación de las
sanciones correspondientes.
INSTAMOS a los Órganos Ejecutivo y Legislativo a cumplir con la reforma a la Ley
N° 348, recordando que ha pasado más de un año desde el anuncio del proceso de
consulta y promoción de esta reforma, que debe venir acompañada de los recursos
suficientes para su implementación y cambios procesales que hagan accesible la
justicia en tiempos razonables.
RECORDAMOS que el Estado aún tiene pendiente la misión de garantizar a las
niñas y mujeres una vida libre de violencia, por lo que la sociedad civil organizada
continuará vigilante interpelando a todas las instancias necesarias hasta alcanzar
el cumplimiento de los compromisos asumidos.
Bolivia 28 enero de 2022.
Redes, organizaciones y plataformas:
Acción por los Derechos Humanos – Activistas en acción – ADESPROC LIBERTAD –
Alianza por la Solidaridad – Alianza de Defensoras y Defensores de DDHH de Tarija –
AMUPEI – Articulación Feminista Campaña 28 de Septiembre Bolivia – Asociación
Aguayo – Asociación Civil Equidad LGBTI Oruro – Asociación con Alas propias – ASCAP –
Asociación de Familias Adoptivas de Cochabamba – Asociación de Gestoras
Comunitarias en Derechos de Tarija – Asociación de Gestoras Comunitarias en Derechos
de Tarija – Asociación de Víctimas de la Justicia de Potosí – Asociación Jach’a Uru –
ASONGs Cochabamba – Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y
Desarrollo – Casa de la Mujer – Católicas por el Derecho a Decidir-Bolivia – CEADL –
CEDIM YACUIBA – Centro de Orientación y Tratamiento Techo Pinardi – Centro de
Promoción de la Mujer Gregoria Apaza – Centro Juana Azurduy – Centro YachayWasi –
CEPROSI – Ciudadanía – Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública – CLADEM
Bolivia – COALIBOL LGBTI+ – Colectivo Angirü – Colectivo de Defensores de Derechos
Humanos Cochabamba – Colectivo de Derechos Humanos Empodérate – Colectivo GLBT
del Sur – Colectivo Rebeldía – Colectivo TLGB Potosí – Comité de Derechos y Justicia del
Beni – Comité de Derechos y Justicia Promotoras Unidas contra la violencia –
Comunidad de Derechos Humanos – Fundación CONSTRUIR – Consejo Ciudadano de
Diversidades Sexuales y de Género de La Paz- Coordinadora de la Mujer – Coordinadora
LGTBIQ+ Cochabamba – ECAM – El Observatorio de los derechos LGBTI+ – Encuentro
Social Alternativo – Fundación ALALAY – Fundación Colectivo Cabildeo
Fundación Defensa de la Vejez Trabajadora – Fundación Esperanza Desarrollo y
Dignidad – Fundación Igualdad LGBT – Fundación IVI Maraei – Fundación La Paz –
Fundación Levántate Mujer – IGUAL – Instituto de Investigación Cultural para la
Educación Popular – INDICEP – Instituto de Terapia e Investigación – ITEI – Internet
Bolivia – IPAS – Justicia para todos – LIDER – MEPB – Movimiento de justicia
Socioambiental Tarija – Mujeres en Acción – Mujeres Trans Potosí – MUSUQ ÑAN – Nada
Humano me es Ajeno – Ni Una Menos – Santa Cruz – Observatorio de Derechos –
Observatorio para la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres – Observatorio para la
Exigibilidad de los Derechos Humanos – Oficina Jurídica para la Mujer – ONG
Realidades – OTN-B – Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos
Humanos – Plataforma de Investigación y Formación Especializada – Plataforma de
lucha contra la Violencia hacia las Mujeres – Santa Cruz – Plataforma por los Derechos
Humanos Santa Cruz – Promotoras Comunitarias en Prevención de la Violencia en
Razón de Género -Psinergia – Radio San Simón – Red Ada – Red Ada filial Beni – Red
Ciudadana De Prevención Del Infanticidio – Red contra la violencia a mujeres – Tarija –
Red contra la Violencia de las mujeres en Cochabamba – Red Habitat – Reserva
Humanitaria – Sociedad San José – Somos Sur – T. S. Independientes Potosí – TdH Suiza
– Veeduría ciudadana de los Derechos Humanos – Red de Difusoras de Leyes y Derechos
– Asociación AGUAYO – Bolivia Internet
Defensoras y Defensores de Derechos Humanos:
Ana María de la Fuente CI. 829640 CB. – Ana María Salas Cáceres CI. 10332843 CH. – Ana
Paola Garcia Villagómez CI. 5858328 SC. – Bertha Pooley CI. 2465544 LP – Betty Pinto CI.
2285182 – Camila Patricia Alvarez Cartagena CI. 5811399 TJ. – Carla Jenny López Lezano
CI. 5659624 CH. – Daniela Guzman Rivero CI. 1907437 BE. – Erika Camacho Guzmán CI.
3589640-1 CB. – Erika Meneses Aguilera CI. 3932279 SC. – Eva Esther Morales CI. 3580653
– Feliza Velarde Ojeda CI. 4584555 SC. – Gabriela Sauma CI. 1141126 CH. – Grethel Ruiz
Casso CI. 3448953 LP. – Gretzel Brozovich S. CI. 2712619 LP. – Guadalupe Pérez CI.
13049717 SC. – Hugo Eduardo Maraz CI. 4120489 TJ. – Jacqueline Delmira Garrido Cortés
Villazon CI. 2877397 CB. – Janeth del Rocío Torrez CI. 2638880 LP. – Jimena Freitas O. CI.
488361 LP. – Juan Carlos Balderas Gamarra CI. 1037752 CH. – Julieta Montaño CI. 771431 –
Laura Padilla Yapura CI. 12414914 SC. – Lizeth Estrada CI. 4845652 LP. – Magaly Arancibia
Aceituno CI. 7503102 CH. – Marcelino Higueras Saavedra CI. 7476314 CH. – Marco
Mendoza CI. 1662064 TJ. – María Adela Zamora Urioste CI. 2340354 LP – María Amparo
Aliaga Bruch CI. 147372 LP. – María Carmiña Galarza CI. 2445716 LP – María Elena Attard
CI. 4016979 PT. – María Elena Burgos Palacios CI. 1335410 PT. – MariaEsther Nacho CI.
6176002 LP. – Mariel Paz Ramírez CI. 1845745 – Mariela Ortiz CI. 5960466 LP. – Maritza
Valdez Sánchez CI. 3656373 – Moira Rimassa Paz CI. 986526 CB. – Morgan Colque
Campos CI. 8522872 PO. – Ninoska Flores Loza CI. 5203284 CB. – Pamela Ríos Mostacedo
CI. 7521332 CH. – Patricia Telleria CI. 348343 LP. – Tahi Abrego Marin CI. 3625097 CH. –
Vicenta Patricia Chocllu Quispe CI. 5630239 CH. – Willmer Marcelo Galarza Mendoza CI.
2603882 LP. – Ximena Viscarra CI. 2057314 – Francisca Gladys Achá Tarqui CI. 2641537 LP.
– Martha Marca Añamuro CI. 3479626 – Magaly Iriarte G. CI. 2945273 SC. – Mercedes Noza
Moreno CI. 1737737 BE. – Isabel Peredo Canedo CI. 3822854 SC. – Guido España CI.
1093179 – Rita Poma Laime, CI. 2694378 LP. – José Ros Izquierdo CI. 1023527 CH. –
Gerardo Burgos Lino CI. 2814569 SC. – Adalid Montaño Echalar CI. 1057856 CH.
[1] Correo del Sur (27.01.2022). Decían que se había ido con su novio: madre de la víctima del psicópata cuestiona a la policía
y Fiscalía. Disponible en línea: https://correodelsur.com/seguridad/20220127_decian-que-se-habia-ido-con-su-novio-madrede-victima-del-psicopata-cuestiona-a-la-policia-y-la-fiscalia.html